Las autoridades informaron este jueves que fue detectada la existencia de una estructura organizada de proveedores que habría manipulado procesos de contrataciones públicas mediante prácticas fraudulentas, sin identificar en cuáles instituciones del Estado operaba. 

La Dirección General de Contrataciones Públicas (DGCP), en coordinación con la Unidad Antifraude de la Contraloría General de la República (CGR), remitió este jueves a la Procuraduría General de la República (PGR) el informe técnico que documenta la existencia de la estructura.

Según el documento, la red identificada también habría incurrido en presuntos actos de intimidación, extorsión y posibles vínculos con funcionarios públicos, afectando la libre competencia y la igualdad de participación entre oferentes en los procedimientos de compras del Estado.

Cómo operaban

El informe fue elaborado tras un análisis exhaustivo de los registros del Sistema Electrónico de Contrataciones Públicas (SECP) y otras fuentes de información. Los resultados revelan una actuación coordinada de varias empresas vinculadas, que utilizaban diferentes razones sociales para simular competencia, repartirse adjudicaciones y excluir a oferentes legítimos.

Entre las empresas señaladas se encuentran Empresas Integradas SAS, Inversiones Qtek SRL y Tingley Business SRL, además de otras asociadas, que presentan patrones coincidentes de participación conjunta, rotación de adjudicatarios y concentración de contratos en sectores específicos del mercado público.

Recibe en tu bandeja de correos un resumen semanal de las principales noticias de interés para la diáspora dominicana y Estados Unidos.

El documento recoge además testimonios de proveedores afectados, quienes denunciaron haber sido objeto de amenazas, chantajes y presiones para desistir de adjudicaciones legítimas, evidenciando la existencia de mecanismos de intimidación y manipulación dentro del sistema.

El análisis concluye que las conductas detectadas vulneran los principios de igualdad, participación y libre competencia establecidos en la Ley 340-06 sobre Compras y Contrataciones Públicas, y podrían constituir indicios de prácticas fraudulentas, actos colusorios y otras infracciones penales tipificadas en la legislación dominicana.

La DGCP informó que el informe también será remitido a la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (ProCompetencia), para que, conforme a sus atribuciones legales, profundice en la investigación de posibles acuerdos colusorios y de manipulación del mercado en los procesos de compras públicas.